Martes, 7 de Junio de 2011.
Para el Gobierno de El Salvador, el principal peligro que enfrentan sus connacionales que intentan llegar a Estados Unidos vía México no son las bandas del crimen organizado, sino las propias autoridades mexicanas.
En el informe "Derechos Humanos de los Migrantes en su Paso por México", el Gobierno salvadoreño acusa de los abusos a elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal, la Marina y las Policías locales.
El documento, elaborado en marzo por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, denuncia privación arbitraria de la libertad, tratos crueles, inhumanos o degradantes, malos tratos, uso excesivo de la fuerza, robo y negación de asistencia médica y tentativa de ejecución.
Agrega que los abusos se concentran en Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Baja California.
"Esto es sumamente preocupante, pues en un contexto de amenazas del crimen organizado, los migrantes parecen tener poca o nula confianza en las autoridades mexicanas que tiene el deber de combatir este flagelo", indica el reporte.
Entre las principales preocupaciones que existen en el Gobierno de El Salvador está que los migrantes no quieren denunciar delitos por temor a las autoridades mexicanas.
Pero peor aún, la mayoría de los casos registrados y denunciados por el Gobierno salvadoreño ante México siguen sin resolverse.
Por ejemplo, durante 2010 la Cancillería de El Salvador documentó un caso de extorsión masiva por parte de supuestos empleados del INM.
"Los hechos se dieron en contra de padres y madres de familia residentes en EU, cuyos hijos menores de edad se encontraban recluidos en la estación migratoria de Iztapalapa, jurisdicción de la Ciudad de México", se documentó.
En este caso se explicó que los familiares recibieron llamadas telefónicas desde México por personas que se identificaron como empleados del INM.
Quienes hicieron las llamadas a EU aseguraron que tenían posibilidad de sacar a los niños de México y llevarlos a la Unión Americana, y contaban con toda la información de los menores así como de su familia.
Por otra parte, el 23 de enero de 2010, migrantes salvadoreños denunciaron ante autoridades de su país que supuestos policías federales (identificados como tales por sus uniformes, vehículos y las armas que portaban) pararon el tren en el que viajaban y unas 40 personas fueron golpeadas, amenazadas y asaltadas.
Al liberarlos, los obligaron a caminar por las vías y, más tarde, fueron nuevamente asaltados por hombres armados que violaron a una joven salvadoreña de 18 años y golpearon a siete hombres. Luego del hecho, un grupo de tres salvadoreños intentó recuperar sus pertenencias, pero fueron asesinados.
"Sobre estos hechos el Gobierno de El Salvador pidió a través de notas diplomáticas una investigación exhaustiva a las autoridades mexicanas. (Sin embargo,) La Cancillería salvadoreña aún no ha recibido un informe sobre resultados judiciales en relación a estos casos", señala el documento.
En otro caso, el 1 de junio de 2010 en Chahuites, Oaxaca, un grupo de unos 60 hombres fuertemente armados detuvieron el tren de carga en el que viajaban unos 100 migrantes, entre ellos salvadoreños, que fueron golpeados y despojados de sus pertenencias.
"Los atacantes se conducían en patrullas que tenían grabada la leyenda Policía Federal y en una camioneta de marca Dodge color blanco.
El 16 de diciembre de 2010 en Chahuites, detalla el documento, agentes del INM detuvieron un tren de carga en coordinación con la Policía Federal y el Ejército.
Ahí, se detuvo a 90 personas, tres salvadoreños lograron escapar y denunciaron maltrato físico de parte de las autoridades.
El 22 de junio de 2010, detalla el informe, una lancha con 14 salvadoreños y conducida por "polleros" fue embestida y ametrallada por una patrulla del Batallón 28 de la Marina mexicana.
Luego de que dispararon y que los pilotos de la lancha huyeron, la patrulla de la Marina embistió la lancha hasta que provocó la caída de los migrantes, quienes no recibieron ayuda hasta pasada una hora.
Critican 'hipocresía'
A pesar de que organizaciones civiles centroamericanas tienen espacios de diálogo con autoridades mexicanas para tratar el tema de migración, la experiencia para los defensores no ha sido la mejor.
"Es una situación bastante desafiante para instituciones como la nuestra. A pesar de que podemos considerar que tenemos espacios privilegiados de conversación con funcionarios mexicanos que están atendiendo el tema migratorio, para nosotros ha sido bastante frustrante confirmar la hipocresía y la mentira llana de los funcionarios", aseguró Gilma Pérez, encargada de llevar el tema migratorio en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, en El Salvador.
En entrevista con REFORMA, acusó, incluso, a la ex comisionada del INM, Cecilia Romero, de tener una posición negativa frente a acusaciones que los organismos civiles hicieron en su momento, con pruebas en mano, de la participación de funcionarios mexicanos en la violación de garantías individuales a migrantes centroamericanos.
"Cuando nosotros hemos intentando plantear a ellos (funcionarios) problemáticas específicas, con información pormenorizada de lugares, víctimas, modus operandi, nosotros hemos recibido, por ejemplo, de la antigua directora del Instituto Nacional de Migración, una postura absolutamente negativa de los hechos que han sido documentados previamente por organizaciones civiles", detalló.
Gilma Pérez manifestó que en la actualidad no se puede hablar con franqueza ante el Gobierno de México, porque los funcionarios niegan los hechos que se les comprueban, por lo tanto existe un desánimo entre las organizaciones civiles.
El Gobierno de México, aseveró, es muy astuto diplomáticamente, porque toma iniciativas que lo hacen ver como un Estado que quiere solucionar problemas, pero se deslinda de acciones delictivas.
Detalló que en algún momento el discurso de los funcionarios ha sido que el ir en contra de los derechos de migrantes no es una política de Estado.
"Lo afirman con tanta fuerza como si no fueran elementos de las estructuras de cuerpos policiales y de autoridades las que están perpetrando hechos delictivos contra migrantes, utilizando los recursos gubernamentales", mencionó.
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